OPINIÓN: EN DEFENSA DEL DERECHO A LA VIVIENDA

La semana pasada el Indec reveló que la pobreza es de 40,9%. A esto hay que sumarle algunos datos de la semana anterior, cuando el mismo organismo anunció un desempleo del 13,1% y 4 millones de puestos de trabajo menos. Para ampliar el panorama debo decir que el PBI cayó un 19,1% y estamos frente al peor desplome desde 2001. Algunos economistas hasta se animaron a hablar de la peor crisis de la Modernidad. Por supuesto, a nivel internacional.

En este contexto se desarrollan las tomas de tierra. No se puede hablar de Guernica sin tener en cuenta estos datos. Las 2.500 familias que hoy resisten en tierras inundadas, sin agua, sin gas, sin luz, son la consecuencia de un sistema cada vez más desigual que es no es capaz de dar una solución real al problema del déficit habitacional, el aumento del desempleo y la precarización laboral, que hace todavía más difícil el acceso a un crédito para acceder a una casa propia.

Bajo techos de chapa y bolsas de plástico, se refugian miles de desocupados y trabajadores informales. Algunos sobreviven con changas y ventas ambulantes. Muchos de ellos tuvieron que elegir entre pagar el alquiler y darle de comer a sus hijos. Muchos hoy, de pie en esa toma, le piden al Estado que intervenga. Porque donde hay una necesidad, nace un derecho.

Según Unicef, el 56,3 % de los menores de 0 a 14 años son pobres. A fin de año se estima que habrá 8 millones de niños bajo la línea de pobreza. Si tenemos en cuenta todo lo anterior, vemos que la vivienda es un eje central. Hay que empezar a unir hilos. Porque si alguien pierde su trabajo, pierde la posibilidad de sostener una vivienda.

Sin embargo, los grandes formadores de opinión pública tienen que justificar de alguna manera el desalojo. Así que en lugar de dar estadísticas, que me parecen claves para darle un marco objetivo a esta situación, van a ofrecerte declaraciones discriminatorias y estigmatizantes. Las que mejor se adapten a un sentido común construido a lo largo de los años bajo el discurso de la meritocracia y complemente esta idea de que son «todos vagos que no quieren laburar» y «hay que defender la propiedad privada de estos usurpadores».

Más grave aún es que este discurso, fogoneado por los medios, encuentre eco en los involucrados de la causa. Como es el caso del fiscal Condomí Alcorta. Quien asegura que «las mamás de las tomas de Guernica usan a los niños como escudo». Hay muchísimos casos de justicia patriarcal en los que ahora no voy a hablar, pero que son una clara muestra de que la igualdad ante la ley es una mera formalidad. Porque la ley traza una línea y siempre queda alguien afuera, del otro lado. En este caso están los 3.000 niños de Guernica y sus madres, muchas de ellas víctimas de violencia de género.

Puedo entender que un ciudadano hable de ilegalidad. Pero cuando lo hace alguien involucrado en la causa, significa que está defendiendo un interés detrás.

Laura Taffetani, de la Gremial de Abogados y Abogadas que representa a niños y niñas de Guernica, dijo que Axel Kicillof puede negarse a desalojar. Porque «uno de los presupuestos que se tiene que dar para la acción de usurpación es probar la titularidad de esas tierras, cuestión que no fue acreditada en el expediente». Igual la tierra de todos, es tierra de nadie.

También afirmó que la medida es apresurada. Quiero aclarar que la toma se viene desarrollando desde el 20 de julio y que por contradictorio que suene, me parece que apunta a la demora de dar una solución favorable a las familias en este conflicto. Porque es más fácil mandar a reprimir  que dar una respuesta desde el Estado al problema de la vivienda. Problema que se viene ignorando desde hace décadas. La Capital no deja de expulsar a sus ciudadanos con cada nueva crisis. Hay cada vez más casas vacías. Tenemos un ejemplo acá, en las megatorres vacías de Puerto Madero, a las que se suman miles de viviendas ocisas en countries que pocos pueden pagar. ¿Por qué? Porque hoy la canasta básica ronda los $70.000, pero el salario mínimo sigue clavado en $16.875. Porque el 60 % de los asalariados percibió menos de $ 35.000 en el segundo trimestre del año.

Nadie está en una toma por gusto. Creo que ya lo puedo decir: Guernica visibiliza el problema habitacional y las condiciones de extrema pobreza. Pero el problema no se soluciona reprimiendo y silenciando a miles de desposeídos. Porque esto ya se intentó. Guernica es la toma que más resuena entre los medios, pero no es la única.

En San Fernando, bajo órdenes de la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y de la mano de la Policía Federal, se produjo el desalojo. Casi un eufemismo para no decir que les pasaron con una topadora por encima. Un hecho similar, pero todavía más violento, se produjo en Ciudad Evita, durante la noche. Cuando la bonaerense no dudó en disparar contra 300 familias. Además, para concluir y festejar este operativo, procedió a la quema total de las casillas.

Pero volviendo al problema principal. Según el Censo Nacional de 2010, el déficit habitacional alcanza 3,5 millones de viviendas. Comprende a 1,3 millones de viviendas faltantes y 2,2 millones de viviendas que no proveen a quien la habita las condiciones mínimas para mantener un nivel de vida digno. Estos son los datos más actuales que tenemos sobre el tema y como no alcanzan voy a traer de nuevo al Indec. Según este organismo en los primeros meses de 2019, el 34 % de las viviendas del país eran inadecuadas por carencia de conexión a infraestructura pública o por las características de la construcción. En la Provincia de Buenos Aires, la situación es más grave: el 46% de las viviendas son inadecuadas.

Sin embargo, se vota cada año un presupuesto y se discuten estas problemáticas. La Ley de Solidaridad, que salió a fines de 2019, establecía que la recaudación del Impuesto País, que es el recargo que se cobra cuando alguien compra los U$S 200 mensuales que habilita el Banco Central, en un 30 % debería destinarse al financiamiento de obras de vivienda social a través del fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana. Referentes del Frente de Todos denuncian que no está ocurriendo. A la vez que el nuevo presupuesto nacional para el 2021 confirma lo que ya se ve en los barrios: la prioridad es fortalecer el aparato represivo del Estado. No solo se ha creado un nuevo fondo para las Fuerzas Armadas (30.000 millones a pedido de Agustín Rossi) y se le aumentó el 40% sueldo a la policía bonaerense, sino que se duplicó la inversión en Defensa y Seguridad en comparación al presupuesto para la construcción de viviendas. No debería sorprender entonces la respuesta oficial.

¿Por qué se discute esto desde el Estado? Porque la vivienda es un derecho establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional e implica garantizar también una vida digna. Me parece importante entenderlo porque le da un marco de legitimidad a la toma y a modo de ilustrativo puedo mencionar a los barrios del Papa Francisco y el Parque Indoamericano, ambos nacidos de una toma. Es más, distintos Organismos de Derechos Humanos, a los que más adelante me voy a referir, repudian el desalojo que, hasta el mes pasado, si mal no recuerdo y bajo orden del presidente, Alberto Fernández, estaba prohibido. Porque no es tan fácil como dicen los medios. Todos hicieron hincapié en la ilegalidad de la ocupación y lo sagrado de la propiedad privada, por encima de todo lo demás. Incluso por encima de todos los derechos vulnerados de las familias en Guernica. ¿En base a qué? En base a nada. Porque no se presentó un solo título de propiedad. La mayoría de las tierras están abandonadas o son fiscales.

Ah, perdón, sí hubo un caso de titularidad bastante emblemático que se publicó el domingo en un artículo de Página12. Ahí Mario Wainfeld, no solo recuerda que los supuestos «dueños» están «muy flojos de papeles», sino que trae un caso tan lamentable como indignante: una mujer afirmó «ser poseedora de ciertos lotes que habrían sido cedidos por la Parroquia de la Zona para construir una Iglesia». Más allá de que esto pasa y no veo a muchos indignados por las tierras que el Estado le regala a la Iglesia, ni hablar de las que cede a las multinacionales, quiero aclarar que este no era el caso. Los documentos que presentó no tenían ningún valor legal y la supuesta Parroquia no existía directamente.

Junto a este expediente, se han presentado otros, en los que ni siquiera figura el nombre completo de los denunciantes. Lo repito: ni siquiera dan su nombre completo al momento de hacer el reclamo.

Pero esto no es lo peor y quiero volver a los dichos de Laura Tafettani. Quien se reunió con la intendenta del municipio de Presidente Perón, es decir, Blanca Cantero. En esta mesa de diálogo quedaron expuestos los verdaderos intereses que hay detrás. Blanca Cantero dijo, tranquilamente, que «ella tenía sus 18 countries y que para ella eso le iba a dar la fuente de trabajo a todo Guernica y que esa es su prioridad». Algo que no sorprendió a Laura Tafettani, quien asegura que esta es una práctica común. Muchas de las tierras están «reservadas» gracias a los acuerdos de las intendencias y las grandes inmobiliarias. Reservadas para las señoras de los contries que contratan empleadas domésticas, muchas veces precarizadas, como aquellas que duermen en colchones tirados sobre la tierra en la toma de Guernica.

Una de esas inmobiliarias es El Bellaco S.A y otra Llorsel S.A. Salió en un informe de la revista Crisis. Donde se habla de empresas que se subieron al boom inmobiliario y que tomaron los terrenos, ociosos, repito, fiscales, insisto, que están en Guernica. No está de más aclarar que la primera no paga impuestos ARBA desde hace dos años, viene acumulando una deuda de casi un millón de pesos y por supuesto no le paga más las cargas sociales a los trabajadores. La segunda, bajo la personería de Nidia Edith Desplats, ni siquiera sabemos qué reclama, porque la toma no afecta ninguno de sus terrenos.

¿Qué tienen en común ambas inmobiliarias? Son de gente bien. De la élite platense. Por algo su reclamo se impone frente al de 10.000 desposeídos. De más está decir que cuando un derecho no se cumple, se vuelve un privilegio.

En esta disputa de poder, los que tienen todas las de ganar son, como siempre, las grandes empresas. La planificación estatal, vinculada a la urbanización, no solo les da más facilidades, sino que elige mirar para otro lado en cuanto a irregularidades.

En el informe del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) figura que entre 2013 y 2017 en la provincia de Buenos Aires, a través de los expedientes de urbanización, se detectó un «conjunto significativo de incumplimientos, inconsistencias, pasos salteados y defectos formales». El informe del CELS recoge la opinión de Gastón Fossati al momento de presentar la nueva metodología de valuación para countries en junio de 2018. Fossati fue titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) durante el Gobierno de María Eugenia Vidal. En su presentación graficó la siguiente situación: «En el territorio bonaerense existen alrededor de 1000 countries y desarrollos similares. De ellos, menos de la mitad están regularizados y tributan lo que corresponde, mientras que hay otros 590 que pagan impuestos como parcelas rurales o baldíos, a pesar de que la mayoría tiene concluida toda su infraestructura». Pero esto no sale en los medios.

Eligen darle el micrófono al jefe de gabinete bonaerense, Carlos Blanco, y sostener un discurso punitivista por sobre todos los demás. Porque el mismo Blanco ratificó el desalojo para el martes 22 de septiembre, ya que en Guernica no querían negociar. «Tratamos de darle una solución estructural al proiblema, no será inmediato. El sábado quisimos ingresar y no nos dejaron. Queríamos llevar alimentos y conocer más sobre la situación de cada persona que está en el predio». Sin embargo, los vecinos de Guernica parecen no coincidir con su declaración. Porque ellos pidieron que la dejaran en la puerta y como los funcionarios no aceptaron, se las llevaron.

En cuanto a esto hay dos hechos que me gustaría mencionar. Creo que van a ayudar a entender mejor esta negativa. El primer caso, que no es el único, es el constante apriete de la policía hacia aquellos que acercan su solidaridad a Guernica. El segundo, que me resultaría más indignante si no conociera ya este accionar, es que varios voluntarios y voluntarias de la organización internacional «Médicos del Mundo» terminaron presos por osar atender a los que se encuentran durmiendo a la intemperie en una toma, donde hay miles de niños.

El desalojo en ese momento no se produjo y el que estaba planeado para el jueves 1 de octubre, tampoco. Sin embargo, todavía sigue el pie el del 14 de octubre.

El retraso tiene que ver con la solidaridad de miles de estudiantes, trabajadores y trabajadoras, sindicatos combativos, partidos de izquierda, organizaciones sociales y Organismos de DDHH que no solo han convocado marchas, sino que en particular estos últimos el martes han presentado un amicus curiae (amigo de la Corte o el tribunal) expresión en latín que se utiliza para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio y que ofrecen su colaboración para la resolución del conflicto. Está dirigido al juez Martín Rizzo, actuante en la causa por la toma de Guernica.

El objetivo del amicus es apoyar el reclamo de las 2.500 familias que ocupan terrenos en dicha localidad bonaerense empujadas por falta de vivienda. Así, el escrito señala su «expreso rechazo a la disposición de lanzamiento que tuviera lugar en autos, actualmente previsto a partir del 1º de octubre» y reclama «que deben abrirse instancias de diálogo desde sectores de la administración para encontrar una solución», como por ejemplo el proyecto de urbanización que proponen los abogados defensores de las familias.

El comunicado se puede leer completo en la página de Correpi. Por último, quiero mencionar a los organismos involucrados, porque aunque hagan de esto una cuestión mediática y haya un sentido común que estigmatiza y criminaliza a gente que no tiene nada, no posee nada, salvo su fuerza de trabajo, en realidad se trata de una cuestión derecho, por algo participaron: la AADD (Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos), Asamblea Permanente por los DDHH, APDH La Matanza, APEL (Asociación de Profesionales en Lucha), CADEP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo), CADHU (Centro de Abogades por los DDHH), CAJ (Comité de Acción Jurídica), CEPRODH (Centro de Profesionales por los DDHH), Comisión Memoria y Justicia por la Masacre de La Plata, CMM (Corriente Memoria Militante), CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), EATIP (Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial, EMCF (Encuentro Militante Cachito Fukman), HERMAN@S de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, H.I.J.O.S. Zona Oeste (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), H.I.J.O.S. La Plata, LADH (Liga Argentina por los Derechos del Hombre), Liberpueblo, MEDH (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos), ODH (Observatorio por los DDHH de la Ciudad), SERPAJ (Servicio Paz y Justicia) y UADH (Unión Argentina por los DDHH).

Y así como hay que tener en cuenta a los involucrados en la defensa del derecho a la vivienda, establecido en el artículo 14bis de la Constitución Nacional, también hay que ver quiénes están en contra.