LA LIBERTAD DE LA SELVA

Sobre las malas condiciones de vida creció la promesa de Javier Milei de darle su merecido al que lo merece. A la clase política, ajuste. A los argentinos de bien, progreso. Pero la batería de medidas del gobierno, abrumadoras, empeora todos los niveles de vida. Esto no quiere decir que la suerte del elenco gobernante esta echada. Como dicen sus votantes, es demasiado pronto.

Además de concentrar aún más la riqueza, de aumentar la distancia entre los que más tienen y los que menos, también parece haber un corrimiento del límite democrático hacia atrás. O dicho de otro modo, estamos transitando, rápido, el camino hacia una sociedad menos democrática.

La Ley Ómnibus le suelta la cadena a todas las policías, minimizando las penas por uso desmedido de la fuerza. A su vez, aumenta las penas para aquellos que se manifiestan. Y en caso de declarar el estado de emergencia que promueve la ley, Milei puede gobernar directamente en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social por dos años prorrogable por dos años más.

Esto quiere decir que el presidente puede decidir sobre todos esos temas por cuatro años (todo un mandato presidencial) sin pasar por el Congreso. De esta manera, por ejemplo, los aumentos a las jubilaciones, reglamentados por ley, quedan en manos de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

Durante la presentación de la misma Ley Ómnibus la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contó que quedó sin efecto la parte que impedía reunirse a tres o más personas. No aclaró si también quedó desestimada la obligación de, con 48 horas de antelación, pedirle permiso a su ministerio para realizar una manifestación. Lo que sí ocurrió fue la llegada de la cuenta de gastos a organizaciones políticas, sindicales y movimientos sociales por parte de, otra vez, el Ministerio de Seguridad de Bullrich para que abonen el costo del desmedido operativo policial por la marcha a Tribunales de diciembre. Así, el protocolo “antipiquetes” tiene su complemento con esta reglamentación que pretende que las personas tengan que pedirle permiso al Estado para poder reunirse en la calle.

Puede pensarse que de tal magnitud es el saqueo que se necesita una legislación represiva y totalitaria acorde. Es decir, que nos amenazan con cagarnos a palos para que nos caguemos de hambre. Pero más allá de los fines políticos y económicos ¿qué es lo que va a pasar en nuestra vida cotidiana con esta legislación antidemocrática?

Una pregunta difícil pero que no es desubicada. Que como coletazo del empoderamiento policial se lleven puestas las libertades individuales, esas que después de 40 años de democracia están tan incorporadas que nos las vemos. Pueden aparecer problemas nuevos. Que nuestros padres conocieron y nosotros no. Que te paren por cualquier cosa, que las excursiones a la comisaria sean moneda corriente, que suspendan cualquier reunión o actividad en un espacio público, que se haga costumbre masiva interrumpir un colectivo, un tren o un subte, bajar al pasaje y decidir, anda a saber en base a qué criterio, quien continúa su viaje o quién no.

Vale decir que el pueblo argentino dio muestras de que no será tan fácil: cacerolazo, movilización espontánea y movilización organizada de la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales en diciembre. Convocatoria firme a un paro general el 24 de enero desde el mediodía y con movilización.

Todo el arco sindical argentino estará presente el próximo 24. La heterogénea y numerosa CGT parece adoptar un perfil confrontativo contra las reformas. La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma impulsan plenarios en todo el país en unidad en la misma sintonía de rechazo. También se suman los movimientos sociales, que agrupan a miles de desocupados, a partidos políticos y a diferentes organizaciones y colectivos de la sociedad civil.

De esta manera, las organizaciones sindicales y del pueblo se están constituyendo en el dique de contención real ante la avanzada reaccionaria del Gobierno Nacional. Funcionan como polo para agrupar a los descontentos y perjudicados por las políticas del oficialismo.

No dejar de ser paradigmático. Los protagonistas de este gobierno son los que se preparan para chocar de frente contra las libertades individuales. Estos amantes de la desregulación y la libertad a toda costa son los que buscan una sociedad híper controlada y vigilada por el Estado. Una sociedad en la que hay pedirle permiso al Estado para salir a protestar o en donde ese Estado, corporizado en el Ministerio de Seguridad, le cobra a los que van a protestar la factura del operativo de seguridad. Una fantasía de corte totalitaria, pero ejecutada por un gobierno que se la pasa hablando de la libertad.

Tal vez no sea tan alocado. Porque tal vez no defiendan la libertad. O no defienden la libertad de todos y lo que sí defiendan es la libertad en base al mercado. Es decir que los que tienen plata, mucha plata, puedan tener libertad. Toda la libertad. Que aquellos que concentran la riqueza en Argentina si puedan hacer lo que quieren sin pedirle permiso a nadie.

Estuvo circulando un cuadro, que subió Juan Grabois del Frente Patria Grande a sus redes, que muestra qué sectores e intereses se benefician con los megaproyectos de Javier Milei. Como quedó muy expuesta la vocación antidemocrática con el paquete de medidas, también quedó expuesto quienes son los que se benefician. El cuadro indica eso.

Le agregamos nombre y apellido a algunos de esos sectores e intereses:

Daniel Funes de Rioja, presidente de la cámara patronal Unión Industrial Argentina, se beneficia con la reforma y desregulación laboral e impositiva. Su estudio de abogados ayudó en la redacción del súper Decreto.

Paolo Roca, de Techint, designó a uno de sus hombres al frente de YPF. Es directamente beneficiado si se aprueba el proyecto de ley que desregula las relaciones con Luxemburgo. Techint, la empresa multinacional de Rocca, está radicada en ese país europeo.

Elon Musk, de Starlink, el decretazo permite que puedan entrar compañías de comunicación extranjeras en el mercado de internet satelital. A raíz de estos cambios las autoridades gubernamentales dejaran de intervenir en los precios de los servicios de telecomunicaciones.

Eduardo Macchiavello, CEO de Roemmers, junto a otros laboratorios privados se ven en una mejor posición con la derogación de la ley que establece de interés nacional y estratégico a los laboratorios públicos.

Mario Quintana, de Farmacity, que pertenece al Grupo Pegasus cuyo dueño es Nicolás Caputo, primo del ministro de Economía. El DNU favorece la proliferación de franquicias de las cadenas de farmacia, como Farmacity, en detrimento de las farmacias de barrio.

Luis Pagani, dueño de Arcor. Las empresas alimenticias, donde la principal de Argentina es Arcor, y las cadenas de supermercado como Coto, que en 2023 obtuvieron ganancias por 68 millones de pesos, con aumentos por encima de la inflación, resultan ganadoras con la derogación de la Ley de Abastecimiento, de Góndolas, del Observatorio de Precios y de Regulación para los Ingenios Azucareros.

Carlos Herminio Blaquier, de Ledesma, empresa azucarera, es recompensado con la derogación de 18770 que hacía que el 90% de la producción sea para el mercado interno y el resto para exportación. Esto puede hacer que al volcarse a la exportación, falte azúcar en el mercado interno y eso encarezca aún más su precio final.

Victor Navajas, de Las Marías, establecimiento yerbatero, festeja la eliminación del Instituto Nacional de Yerba Mate que regulaba el precio en favor de los productores pequeños. La familia Navajas es la propietaria de Las Marías, líder del sector.

Marcos Galperín, de Mercado Libre, gana con las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo se elimina la obligatoriedad de que el salario se pague en una cuenta sueldo del banco ya que le abre la puerta a Mercado Pago para esa función.

Claudio Belcopitt, de Swiss Medical. Esta prepaga junto a Galeno, SanCor Salud y Omint dominan el 70% de ese mercado. La eliminación de los índices de precios de los planes de salud que tenían regulación estatal posibilita a estas empresas de medicina privada a pautar los aumentos de la manera que quieran.