QUE PASO CON SANTIAGO MALDONADO?

QUE PASO CON SANTIAGO MALDONADO?

Cuando la consigna del “Nunca Más” parecía estar afianzada en nuestro país, la oscuridad volvió y nos retrotrajo a los peores años tras una violenta represión llevada adelante por la gendarmería a la Comunidad Mapuche de Lof de Cushamen en Chubut, con la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

El código penal, Ley 26.679/3, determina la desaparición forzada de personas como “…ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera  seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona”.

La comunidad mapuche y su familia denunciaron de inmediato la desaparición. Sin embargo, no hubo una respuesta estatal acorde a la gravedad de los hechos. Las fuerzas  de seguridad del estado y medios de comunicación dominantes desviaron las responsabilidades, demorando la búsqueda, minimizando y justificando los hechos. La ministra de seguridad intentó adjudicar a la gente de la comunidad la pertenencia a una supuesta guerrilla (RAM)  Resistencia Ancestral Mapuche utilizando como testimonio de ello fotografías de las herramientas que usan para el trabajo cotidiano como hachas, hoces y martillo. Diferentes representantes del estado de jerarquía expresaron irresponsablemente que Maldonado no fue desaparecido, sino que se encuentra “extraviado”,  difundiendo versiones e imágenes que señalaban a la víctima en otras provincias, o ligándolo a pistas falsas.

El hecho adquiere mayor gravedad con la participación directa en el territorio de Pablo Noceti, jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, coordinando en persona este ilegal procedimiento. Quien cuenta entre sus antecedentes profesionales la defensa a represores de la dictadura cívico/militar, militante en la Corporación de Abogados Católicos -agrupación propagandista del terrorismo de Estado-, en el 2001 fue socio del estudio de Alfredo Battaglia, camarista durante la dictadura y defensor de Leopoldo Fortunato Galtieri en el juicio a los generales. En diciembre de 2003 Noceti suscribió la apelación al procesamiento del teniente coronel Fabio Carlos Iriart, ex comandante de la subzona militar 14 y máximo responsable de la represión ilegal en La Pampa, a quien el juez Rodolfo Canicoba Corral había responsabilizado por 31 privaciones ilegales de la libertad y 26 casos de tormentos/torturas.

La (no) respuesta institucional ante este grave hecho no es producto de la improvisación, dado que las comunidades aborígenes son víctimas cotidianamente de apremios ilegales, torturas, asesinatos que son denunciados y quedan impunes. Desde fines de 2016 hay una estrategia liderada por el Ministerio de Seguridad de la Nación que busca asociar a los grupos mapuches al “terrorismo” y de este modo justificar el hostigamiento, la persecución y la violencia.

En el último periodo este enfoque constituye centralmente la respuesta del gobierno a los conflictos sociales. La represión y la criminalización son todavía más preocupantes cuando se las busca justificar presentándolas como respuestas a amenazas a la seguridad nacional. La construcción de “enemigos del Estado” tiene consecuencias gravísimas porque conduce a tolerar o promover prácticas ilegales por parte de las fuerzas de seguridad.
La incapacidad del Poder Ejecutivo de ponerse al frente de la búsqueda de Santiago y de la investigación de los hechos es un mensaje político aterrador, que nos pone frente a un escenario de profundo retroceso respecto de los derechos humanos y la garantía de los derechos constitucionales.
El viernes 11 de Agosto y 1 de Septiembre de 2017 en la Plaza de Mayo una enorme multitud se movilizó exigiendo la aparición con vida de Santiago.

El Estado lejos de dar respuestas a éste clamor colectivo, respondió con una brutal represión y cacería, desvirtuando lo que había sido un reclamo pacífico. Momentos antes de desconcentrar grupos infiltrados crearon el clima necesario para desvirtuar los sucesos y dar rienda suelta a una violenta acción de las fuerzas de seguridad.
Los medios de comunicación en su mayoría  desviaron el eje de lo central,  invisivilizando la desaparición forzada, después de 78 dias aparece el cuerpo en un lugar que ya habían rastrillado varias veces. De esta manera llegamos a estos dias donde la familia que sufrió la angustia de no saber que paso sigue siendo hostigada por medios de comunicación masivos, funcionarios y gente afín al gobierno.
Por esto y mucho mas la familia Maldonado se hizo presente en la ciudad de Montevideo Uruguay para denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las irregularidades del proceso de investigación.
Tres meses han pasado y todavía no se sabe que paso.
Por eso exigimos el juicio y castigo a los culpables.