EL DERECHO AL TRABAJO ESTÁ PRIMERO

POR ACOPLANDO

Lxs trabajadorxs de la cooperativa, “Nueva Generación”, de Wilde, habían acordado con el gobierno provincial un plazo 30 días para desalojar el lugar. Una orden judicial rompió el acuerdo y la policía bonaerense la cumplió a palazos. Declaraciones cruzadas y el final de siempre: laburantxs golpeadxs, detenidxs y sin su fuente laboral.

El martes pasado, la policía bonaerense reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos a lxs trabajadorxs de la cooperativa textil, “Nueva Generación“. El desalojo sucedió en la localidad de Wilde; dejó decenas de heridxs y 124 detenidxs, entre ellxs, periodistas, que estaban cubriendo los hechos.

Todo esto, a pesar del acta firmada el 16 de noviembre pasado que le daba a la cooperativa 30 días hábiles para relocalizar las máquinas y abandonar el predio.

200 efectivos para 86 costureras.

Tras la orden judicial firmada por el juez, Jorge Bocachia, quien violentó el acuerdo entre la cooperativa y el gobierno provincial, el jefe de Seguridad, Sergio Berni, envió al lugar 200 policías, camiones, camionetas y motos para desalojar a lxs trabajadorxs, en su mayoría costureras, que no ofrecieron resistencia y fueron ferozmente reprimidas.

En un comunicado, el ministerio de Seguridad provincial intentó desligarse y aclaró que procedió al desalojo “tras haber recepcionado hoy un oficio del juzgado de Avellaneda” y consignó: “Bajo esta orden, la policía de la Provincia de Buenos Aires, procede como auxiliar de la justicia y bajo la orden de la misma”. Lo que el comunicado no expresa es la feroz represión desatada contra trabajadorxs que solo estaban defendiendo sus fuentes laborales.

De basural a Polo textil

El predio había sido abandonado por sus dueños durante la crisis del 2001. En el 2005, la organización de desocupadxs, “Unidad y Lucha”, armaron la cooperativa “Nueva Generación” y crearon un polo textil en ese espacio.

En el lugar, además, funcionaba un jardín maternal, el cual albergaba a más de 150 niñxs, un comedor, un merendero y apoyo escolar y de género.

En noviembre, cuando comenzó el conflicto, Alicia Gutiérrez, presidenta de la cooperativa, le había comentado a la agencia Télam: “Nos quieren desalojar porque nos hicieron un juicio en el año 2011. Compramos el predio en 2005 de modo informal, aparecieron familiares herederos del predio que no existían y ahora nos quieren desalojar”.

“No somos delincuentes, somos trabajadores organizados en una cooperativa; hoy fuimos literalmente rodeados por miles de policías quienes nos reprimieron a palazos y balas de goma para tomar las instalaciones de la fábrica. Somos 86 trabajadoras y atendemos a 180 niños. Pedimos al sector político ayuda para defender nuestros puestos de trabajo“, contó.

Nunca más

Desde el campo popular, debemos repudiar este tipo de hechos en contra del pueblo trabajador y en defensa de las fuentes laborales. El Estado debe velar por el derecho al trabajo por encima de la propiedad privada y de las decisiones de algún juez incompetente políticamente con el desarrollo de medidas en favor del pueblo.

Los gobiernos populares no pueden ser cómplices de medidas judiciales que van en contra de los derechos humanos y, mucho menos, cumplir órdenes con la brutalidad aplicada contra lxs trabajadorxs de la cooperativa de Wilde y de las familias sin techo de Guernica.

En un contexto económico de crisis como el actual, el Estado debe asegurar la fuente laboral de estas 86 familias y avanzar en políticas de protección para todos los puestos de trabajo.

Llamamos a la reflexión a todos los estamentos sociales y estatales para detener este tipo de abusos que dañan la dignidad de todxs aquellxs que generan fuentes laborales.

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