FUE LESBICIDIO
Karina Nicoletta – Conductora Línea A.
Secretaria de Genero AGTSyP
“Pamela, Roxana, Andrea
Asesinadas por ser lesbianas
Una molotov mientras dormían
En una habitación de un inquilinato
Está gritando el país de horror?
No, está en silencio
La complicidad reza en ese callar: algo habrán hecho
Para ser tan pobres y tan lesbianas”
María Pía López
El domingo 5 de mayo en una pensión del barrio de Barracas, Justo Barrientos atacó a sus vecinas lesbianas a quienes venía hostigando sistemáticamente: arrojó un explosivo dentro de la habitación en la que vivían. Pamela, Roxana y Andrea fallecieron producto de ese ataque. Sofía continúa internada.
Cuando salieron de la habitación prendidas fuego, él les pegó y las empujó adentro, al fuego de vuelta, relató un vecino testigo de lo ocurrido.
No se trató de un hecho aislado: se enmarca en un contexto de escalada de los discursos de odio dirigidos hacia las diversidades y feminismos, validados por el poder político.
Tal como sucedió en Brasil y Estados Unidos con Bolsonaro y Trump respectivamente, en Perú dictaminaron hace pocos días un decreto en el que catalogan a las personas travestis y trans como “enfermas mentales”. La violencia es fomentada por sectores de derecha y se direcciona sobre determinados grupos sociales, constituyendo un entramado social y político que da lugar a la agresión, la discriminación y la desigualdad.
Son expresiones que construyen sentido, legitiman violencias y ponen en riesgo (literalmente) la vida de las personas.
¿Crimen de odio?
Las amenazas previas, los insultos por su orientación sexual y el ensañamiento corresponden a la tipología del crimen de odio o crimen por prejuicios, como lo define la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
Su reconocimiento fue producto de un proceso histórico y político encabezado por el colectivo de la diversidad y los movimientos feministas. De hecho, fue incorporado oficialmente en términos legales, y comenzó a utilizarse institucionalmente en el Protocolo de investigación del Ministerio Público Fiscal, luego del asesinato en 2015 de la reconocida activista por los derechos humanos y del colectivo travesti, transexual y transgénero Amancay Diana Sacayán, que derivó en un juicio paradigmático: “homicidio calificado por odio a la identidad de género” y por haber mediado violencia de género alcanzando una condena a prisión perpetua.
En ese marco, se advirtió sobre la violencia como “un fenómeno social y la importancia de no considerarlo como un hecho aislado, ya que en general estos crímenes y estas violencias se dirigen a grupos sexuales muy específicos en un contexto determinado en el que hay una complicidad social y un impacto simbólico”.
Durante el año 2023, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio relevó que 133 personas fueron víctimas de estos crímenes en Argentina, de las cuales 91 murieron.
El caso de Pamela, Roxana, Andrea y Sofía también pone de manifiesto la crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, sumada a la eliminación de las políticas de género por parte del gobierno nacional, lo que agrava profundamente la situación de vulnerabilidad social de las disidencias sexuales.
Las víctimas se encontraban viviendo en un conventillo de Barracas, en condiciones indignas, como producto de la crisis económica y habitacional que atraviesa nuestro país, problemática que afecta principalmente a mujeres y diversidades sexuales. Este crítico cuadro está plenamente relacionado a la situación de vulnerabilidad estructural de gran parte de la población LGBTQ+ .
Detrás de la invisibilización social que sufren, está la realidad de gran parte de la diversidad, golpeada por el desempleo, la precariedad de la vida, la falta de acceso a la salud o a la vivienda y/o la ausencia de redes familiares que acompañen.
A esto, se suma el agravamiento en las condiciones de vida de los sectores populares que trajo el Decreto 70/2023 del actual gobierno, que derogó la Ley de Alquileres y eliminó la regulación de la economía por parte del Estado en detrimento de la ciudadanía.
Según una encuesta nacional realizada en marzo de 2024 por la Federación de Inquilinos Nacional y Ni Una Menos, las condiciones para alquilar empeoraron a partir de dicho DNU:
Día Internacional de la Lucha contra las Violencias hacia las personas LGTBIQ+
Este 17 de mayo nos encontramos movilizades principalmente desde Lesbianes Autoconvocades por Barracas, espacio colectivo gestado desde lo ocurrido, que nuclea a organizaciones LGBTIQ+, políticas, sindicales y personas independientes. Defendiendo los derechos en las calles frente a la política de la crueldad, alzamos un grito colectivo que es preciso multiplicar: ¡No es libertad, es odio! ¡Fue Lesbicidio, el Estado es Responsable!
La convocatoria se ha extendido a otras ciudades del mundo, en una clara señal de que el clamor de justicia por el ataque a las cuatro mujeres lesbianas argentinas ha traspasado fronteras.
Los discursos de odio atentan contra nuestra posibilidad de habitar vidas dignas en una sociedad democrática, reproduciendo lógicas de discriminación y violencia hacia sectores que atraviesan graves desigualdades.
Para construir una sociedad más justa e igualitaria es fundamental no subestimarlos, ni reproducirlos, y sobre todo desnaturalizar esos discursos estigmatizantes.
“Llamamos al fortalecimiento de la comunidad y al acompañamiento como forma de resistencia contra la violencia política y simbólica”
¡Fue triple lesbicidio!
¡Justicia por Pamela, Roxana y Andrea!
La Asamblea de Lesbianes Autoconvocades por Barracas lanzó una colecta para Sofía, quién está cerca del alta pero no tiene un lugar adonde ir. Para quien pueda colaborar, se recepcionan los aportes a través de transferencia al alias ACIVIL.NIUNA.MENOS – CBU 1910027855002701341732 – Número de cuenta corriente 191027013417/3 con el asunto “lesbianas”.